¿Porqué la MATRICULA que VALE es la del COLEGIO DE INMOBILIARIOS?  

Así lo determinó la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba, al remarcar que el poder de policía sobre la regulación del corretaje de bienes raíces es materia delegada a las provincias, por lo cual no se necesita una ley de la Nación que autorice la creación de una entidad específica, como se realizó con la Nº 9445, remarcando que -si se quiso volver a cuestionar su constitucionalidad- no se eligió el camino adecuado

Al constatar que el juez de primera instancia, para fundar su sentencia, aplicó una ley declarada constitucional -la Nº 9445- que reguló la actividad del corretaje inmobiliario creando a sus fines el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, la Cámara Civil y Comercial de 2ª Nominación de Córdoba confirmó la resolución del a quo, concluyendo que la actividad de corretaje inmobiliario desplegada por el actor, al actuar sin estar matriculado, no tuvo justificativo alguno, no bastando sólo la disconformidad para su no cumplimento.

La apelación se generó al rechazar el juzgado de primera instancia la demanda presentada por Emiliano Mattone contra el Centro Comercial Costanera SA, desestimándose la pretensión de reclamo de honorarios por tareas de corretaje inmobiliario a una persona matriculada en los términos de la ley 7191, manifestando que si no se encontraba matriculado en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios -Ley 9445-, se encontraba ejerciendo ilegalmente y por lo tanto no correspondía el cobro de honorarios.

A su turno, el tribunal integrado por Delia Inés Rita Carta de Cara – autora del voto-, Silvana María Chiapero y Mario Lescano, al analizar el primer agravio referido a la interpretación normativa realizada por el sentenciante, indicó que “el primer Juez señala en forma expresa y en concordancia con el Tribunal Superior de Justicia cuyo fallo transcribe, que la ley 20266, modif. por Ley 25028, en su art. 33, reconoce la competencia provincial para regular el control del ejercicio profesional, de allí la creación del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios mediante la Ley 9445”.

Es así que luego de analizar el mencionado artículo 33, la Cámara sostiene que “ratificada la delegación del poder de policía atinente a tales profesiones, no existen cortapisas para su ejercicio por parte de la Provincia”, remarcando que -en ejercicio de éste- se dictó la ley 9445, que determina la creación de un nuevo colegio profesional que gobernará la matrícula y la cuestión disciplinaria de la profesión de corredor inmobiliario y agregando que “dicha normativa ha superado con éxito el test de constitucionalidad”.

Precepto

Por ello, el Tribunal infirió que “no requiere dicho precepto de la ‘autorización’ de la Ley Nacional, pues ha mediado en forma previa delegación del ejercicio de las potestades de control (poder de policía; arts. 14 y 121 Const. Nac.) y lo prescripto en la Ley Provincial se mantiene dentro de sus estrictos márgenes”.

Además, la Cámara consideró que no cabe receptar que se pretenda cuestionar el mérito y la oportunidad tenida en cuenta por el legislador provincial para dictar la norma de referencia, pues “no desorbita el marco de sus facultades (arts. 14 y 121 Const. Nacional; arts. 32 y 33 Ley 20266 y modif.; art. 37 Const. Prov.) y tales consideraciones (mérito y oportunidad) le corresponden exclusivamente”.

Agregó que respecto de las controversias que puede haber suscitado la ley 9445, no son hábiles para justificar el apartamiento del claro texto legal, el cual impera que el corretaje inmobiliario “se rige dentro del territorio provincial por sus disposiciones (art.1), una nueva matriculación (art. 2), por ante un nuevo Colegio Profesional (igualmente art. 2 y art. 26) y prescribe la calidad de ilegal frente al incumplimiento de matriculación (art. 18)”, deduciendo que “si algún cuestionamiento le merecía dicha norma, debió requerir en Justicia su dilucidación, pues con no compartirse el tenor de la nueva legislación, no quiere decir que el ciudadano se encuentre autorizado al incumplimiento”.

Finalmente, la alzada sostuvo que “el amparo incoado por el Colegio de Martilleros tenía a la fecha de las gestiones aludidas (2012) pronunciamiento de Cámara adverso a la tutela requerida y, aun cuando no se encontraba firme, debió indicarle la dirección de la conducta a adoptar, más si se repara que la sanción de la ley data del año 2007, tiempo ampliamente suficiente para adoptar los recaudos, pedir asesoramiento, analizar la disposición, etc.”, reparando que no justifica la ausencia de matriculación ni puede invocarse incertidumbre.

En ese sentido, se concluyó que “la buena fe que invoca no supera análisis, pues la ley se presume conocida por todos, sus términos son claros y precisos (art. 18) y el error de derecho no es excusable”;por ende dispuso que “la actividad cumplida al intermediar en la compra del inmueble mat. 799557 fue, efectivamente, ilegal”, resolviendo que “la queja se rechaza”.

Sobre el segundo agravio, la Cámara consideró que resulta inatendible desde que no es más que una exteriorización de disconformidad con el tenor de lo resuelto, determinando que la actuación de actor “fue en abierta y franca contradicción a las prescripciones legales y no admite recibo en Sede Jurisdiccional”.